lunes, 20 de abril de 2020


       RAFAEL  PÉREZ  DEL  PUERTO, UN ASPENSE FUNDADOR  DE  LA CIUDAD URUGUAYA DE ROCHA  EN  1793.



                  Publicado en la Revista La Serranica 2008

1. Introducción.

Las capitulaciones de Santa Fe, firmadas en abril de 1492, reservaron la explotación colonial de América a la Corona de Castilla. Los nativos de la antigua Corona de Aragón –catalanes, valencianos, aragoneses, mallorquines– quedaron excluidos y no pudieron transitar hacia América en busca de fortuna hasta el siglo XVIII, tras derogar los reyes las prohibiciones de emigración y comercio.
Por tanto, la presencia de aspenses en la América colonial fue mínima. Por el momento, tenemos noticias de dos sobresalientes personalidades. Una es fray Antonio de los Reyes y Carrasco, primer obispo de Sonora, la otra es Rafael Pérez Puerto o del Puerto,  –como gustaba denominarse en la documentación americana– personaje que tuvo un destacado protagonismo en la franja oriental uruguaya durante los últimos años de la presencia colonial española en América, y que permanecía en el total anonimato para nuestro pueblo.
Vista de Roc
Nuestras primeras noticias sobre este personaje, las debemos a las gestiones del Rotary Club Rocha Este, que en colaboración con el Rotary Club de Alicante, solicitaron información de Rafael Pérez al Ayuntamiento de Aspe a través de su página web.

2. Antecedentes familiares de Pérez del Puerto.

        
El estudio de los registros notariales referentes al Aspe del siglo XVIII, nos permite aportar información genealógica de nuestro paisano, pudiendo reseñar que en líneas generales, los antecesores de Rafael Pérez disfrutaron de una posición económica desahogada en nuestra población.
Sus abuelos paternos, fueron José Pérez y Ana Cañizares. El abuelo José figura como titular en algunas transacciones comerciales de vinos y ganados realizadas en la localidad. Así tenemos, que en 1717[1] es receptor de una escritura de obligación de pago, por la que se comprometen a abonarle 90 libras valencianas por el importe de 660 cántaros de vino que había vendido. De igual modo, en 1720[2] se obligan a saldarle 85 libras y 15 sueldos por el valor de un rebaño de ganado ovino, compuesto por 101 ovejas. En la misma línea, los vecinos de Murcia, Alfonso Martínez, Juan Martínez y Lorenzo de Gaya, en el año 1724[3] se comprometen a liquidar 680 libras por el precio de 2.400 cántaros de vino contratados para el abasto de las poblaciones murcianas de Monteagudo, Venta de Aliaga y Santomera, etc.
Algún miembro integrante del clan familiar de los Pérez llegó a desempeñar cargos municipales, así sucede con Agustín Pérez, hermano del abuelo, que ejerció como alcalde ordinario en 1721 y 1725.
         El padre de Rafael, José Pérez Cañizares nació el 18 de diciembre de 1702[4], y contrajo primeras nupcias con Feliciana Alcaraz  en torno al año 1725. Los cónyuges no escrituraron cartas matrimoniales en el momento de la boda, y transcurridos unos años, formalizaron escritura de recepción de dote en 1731[5]. En dicho documento, Feliciana obtuvo de sus padres como aportación de dote matrimonial 600 reales valencianos[6] en ajuar de casa, más 1 tahúlla y ½ de viñedo en la Huerta Mayor. A su vez, José Pérez recibió de sus padres 1.700 reales valencianos como capital, de ellos 820 reales en el valor de 1 tahúlla de bancal con derecho de agua, 1 tahúlla y ½  de majuelo de viña en la Huerta Mayor, más 880 reales en efectivo.


 
Nos consta que José Pérez Cañizares se inicia en la actividad laboral  pública en calidad de procurador judicial, ya que aparece entre 1726[7] y 1732 como receptor de poderes notariales que le son asignados por algunos vecinos de la villa, al objeto de representarlos en diversas diligencias judiciales tales como pleitos, cobros, etc. A partir de 1733, José Pérez emprende el ejercicio profesional de escribano público, y como notario da registro a un cuantioso número de escrituras entre 1733 y 1774.
         Los abuelos José Pérez y Ana Cañizares testaron en 1736[8], dándonos a conocer su descendencia integrada por seis herederos: José, Francisco, Matías, Paula, Ana y Margarita. Y de igual modo que José, su hermano Francisco Pérez desempeñó el mismo oficio de escribano, protocolizando escrituras entre 1739 y 1777 en los municipios de Aspe y Monforte.
Firma de Rafael Pérez Puerto
         Tras enviudar, José Pérez Cañizares contrajo segundas nupcias con Francisca Puerto Cerdán, ya entrada la década de 1740, pero los cónyuges no establecieron cartas matrimoniales. Francisca era hija de Ginés Puerto Pascual y de Francisca Cerdán Gozálbez, habiendo nacido en el decenio de 1720.
 El abuelo Ginés Puerto fue nombrado depositario de los bienes  de su difunto padre Miguel Puerto en 1710[9], teniendo a su cargo un apreciado número de bienes en tierras y dos casas, una de ellas tenía límites con el Ayuntamiento, la almazara de Martín Pérez y el callejón del arco del Ayuntamiento, la otra vivienda limitaba con la plaza de los Álamos y el callejón que entraba al arco del Ayuntamiento. Ginés temiendo por su vida, realiza testamento conjunto con su esposa Francisca en 1719, donde únicamente aparece como heredera su hija Isabel María[10].
         Repuesto de sus achaques, Ginés figura en la administración local ostentando el cargo público de alcalde ordinario en 1732[11], oficio que desempeña nuevamente en 1739. En ese año, hallándose enfermo vuelve a testar[12], y deja por herederos a sus cuatro hijos Isabel María, Francisca, Pablo y Matías.
El escribano José Pérez Cañizares, hallándose aquejado de una grave enfermedad, escritura testamento en 1763[13]. De sus primeras nupcias con Feliciana Alcaraz habían tenido por descendientes a Rosa Pérez, esposa de Bernardo Cerdán, a Gerónima Pérez esposa de Ignacio Castell –que entendemos es el notable escultor, hijo del tallista Vicente Castell–  a Juan Francisco Cerdán, en paradero desconocido, a la difunta Francisca Antonia Pérez, viuda del escribano José Alenda Vicedo, más algún hijo que no es nombrado y parece que había tomado los hábitos religiosos.
Sede de Pérez del Puerto en Maldonado
Del fruto de su segundo matrimonio con Francisca Puerto obtuvo siete hijos: Mariano, Juan Bautista, Pascual, Rafael, Raimundo, José y Ana, todos ellos menores de 25 años. Su esposa Francisca había aportado al matrimonio una dote de 30 libras en ropa y alajas, y posteriormente hereda bienes de sus padres por una cuantía de 316 libras y 10 sueldos. José dispone que sea su esposa Francisca la tutora y administradora de los hijos comunes, ya que la mayoría de edad se alcanzaba a los veinticinco años, y ninguno de los retoños estaba emancipado de la tutela paterna.
Recobrada la salud, José Pérez continuó en el ejercicio de notario,  e inició la instrucción de sus hijos en el arte de la escribanía. En consecuencia, varios de sus descendientes aparecen en calidad de testigos rubricando escrituras protocolizadas por su padre, tal como sucede con el joven Rafael Pérez Puerto, que signa diversos documentos en el año 1768.

3. La situación de la franja oriental uruguaya en el siglo XVIII.

Las tierras del este uruguayo conformaron una zona fronteriza a lo largo del siglo XVIII sometida a constantes vaivenes y disputas entre España y Portugal. En la década de 1730, los portugueses avanzaban por tierras brasileñas hacia el estuario del río de la Plata, aplicando una política colonizadora bien ordenada. Los lusos trataron de apoderarse del puerto de Montevideo, contrarrestando los españoles con el inicio de una política de ocupación militar de estos territorios. La ciudad de Montevideo se funda entre 1726–30, y sólo supone un leve muro de contención ante el avance portugués, ya que la zona costera al este de Montevideo, se controlaba mediante guardias fijas o reconocimientos militares periódicos.
En 1750, las dos Coronas firman un acuerdo amigable conocido como el Tratado de Permuta, en el que fijan los límites fronterizos en la población de Castillos, lo que supone un avance territorial portugués.
Con la llegada del general Cevallos a la gobernación de Buenos Aires, y la suspensión del tratado de Permuta, la banda oriental uruguaya fue militarizándose. Cevallos organizó una formidable expedición castrense hasta Río Grande, en territorio luso, mudando a manos españolas los fuertes de San Miguel y Santa Teresa en 1763.

4. La llegada de Pérez del Puerto a América.

         La casi totalidad de la información obtenida relacionada con Pérez del Puerto, la debemos a los numerosos estudios de la historiadora uruguaya Florencia Fajardo Terán (1907-2005). La acreditada historiadora nos narra que Rafael Pérez se hallaba desempeñando el cargo de oficial escribiente en la contaduría  principal de Marina en el departamento de Cádiz, y desde aquí marchó a América en 1776 como maestre de víveres asignado en una de las embarcaciones de la escuadra del general Cevallos, que en esta ocasión, partía desde España para efectuar una segunda campaña militar a los territorios de Río Grande[14].
Llegado Rafael a Buenos Aires, y a instancias del contador del ejército encargado de la expedición, el intendente general don Manuel Ignacio Fernández le conminó a desembarcar con el objetivo de que trabajara a su cargo en el despacho de cuentas de los maestros de víveres y despenseros de los buques mercantes, al estar la plaza vacante. Tras el desempeño con encomiable corrección de los destinos precedentes, el intendente Fernández le designa en abril de 1778 comisario de guerra, pagador e interventor para las obras reales de fortificación que se iban a efectuar en el Puerto de isla de Maldonado.
Fortaleza de Santa Teresa

Una vez instalado en San Fernando de Maldonado, la confianza institucional se incrementa, nombrándole el 17 de julio de 1778, ministro de la Real Hacienda de Maldonado – debemos entender el cargo de ministro de Real Hacienda como la de un funcionario del erario público –.
A la llegada de Pérez del Puerto, la región permanecía siendo una zona fronteriza inestable, escasamente poblada, a pesar de que el gobernador de Buenos Aires había otorgado concesiones de tierras realengas a algunos funcionarios en las inmediaciones de Rocha. El territorio adolecía de una estructura defensiva apropiada, y las particularidades geográficas de la zona, conformada por lagunas, arroyos, cerros, zonas pantanosas, etc., le volvían propicia para el campeo de contrabandistas y malhechores. En el relato de sus impresiones expresa:
“Desde  mi ingreso a este destino y empleo de ministro de Real Hacienda que fue en el año de 1778, junto con varias comisiones y establecimientos confiados por esa superioridad, reconocía la lastimosa constitución de este Departamento (de Real Hacienda), su escasa población y la indigencia de sus cortos habitantes, consistiendo principalmente las tales cuales conveniencias de algunos pocos individuos en la ocupación de pulperías, etc., atenidos al dinero de la tropa y demás erogaciones del real servicio, en razón  de las atenciones y cuidados de este punto     (Maldonado), Santa Teresa y frontera de Portugal, cuyos incrementos miraba como muy pasajeros y de muy corta consideración para el verdadero fomento de los Pueblos, faltando los productos útiles de que eran capaces estos campos, los cuales por su escasa población, cerros, esterales, arroyos, lagunas, etc. proporcionaban todo género de recursos, no sólo a las fieras sino también a los hombres abandonados, contrabandistas, abigeos y malhechores para usar impunemente de sus asechanzas, con terror de las gentes y aún mismo de los pueblos”.[15]
Zona del Río de la Plata y Sureste Uruguayo
A fines de 1779, Pérez del Puerto había reconocido los territorios de su jurisdicción, y como funcionario de Hacienda, estaba comisionado para la recaudación de las reales rentas procedentes del tabaco y naipes, cuya colecta realizaba sin costo para el erario público. Se le asignaron nuevas atribuciones fiscales debiendo establecer en estas tierras las nuevas tasas de la alcabala, almojarifazgo, despacho de guías, etc., que de igual modo ejecutó con gran diligencia.
Tras la firma del tratado de San Ildefonso en 1777, los fuertes fronterizos de San Miguel y Santa Teresa quedaron bajo jurisdicción española, siendo necesaria su organización financiera. Rafael Pérez diseñó un plan administrativo para las fortificaciones aprobado por sus superiores, en el que conciliaba la mayor economía con el mejor servicio al rey. Asimismo tuvo a su cargo el habilitar los medios necesarios para que los portugueses que residían en las villas de San Carlos, San Fernando de Maldonado y los procedentes de la colonia de Sacramento pudieran retornar a tierras portuguesas. De igual modo, a raíz de la guerra de España con Inglaterra y ante la inminente llegada de la escuadra inglesa al Río de la Plata, colabora con el comandante militar, preparando las medidas defensivas del territorio.
 En la década de los ochenta recibe el encargo de acomodar a cerca de 200 familias procedentes de la Península, que iban destinadas a repoblar la costa patagónica, y que provisionalmente se establecieron en San Carlos y Maldonado bajo la autoridad de Pérez del Puerto.


 
A inicios de 1783, el virrey Vértiz y el intendente Fernández comisionan a Pérez del Puerto para que establezca una población en la demarcación de Maldonado, asentando 40 familias peninsulares, distintas a 

Torre Vigía en Maldonado, construida bajo la dirección de Rafael Pérez en 1800 para controlar el Río de la Plata.
las que estaban destinadas a marchar a la Patagonia. Con estas familias funda la villa de Minas – también llamada Concepción –, cuya ejecución fue impecable, pese a la inexistencia de materiales constructivos y albañiles, haciendo uso de la mano de obra de los propios pobladores, unida a la complicada mano de obra indígena, que se consideraba forzada al trabajo. De este modo relata nuestro personaje su diligente tarea:

“He tenido la comisión para la erección y dirección de la villa de la Concepción, situada en las Minas de Maldonado, de donde dista como quince leguas, la que se halla formada con todos los edificios de mampostería y teja, que a pesar de un incesante trabajo he podido verificar la construcción y acopio de esta clase de materiales con la posible brevedad y mucho ahorro de la Real Hacienda, atendiendo al crecido número, a la cantidad de especies, pues no ha bajado de 14.000 carretadas de piedra, 250.000 ladrillos, 200.000 tejas, y a proporción un crecido número de maderas, cañas y fanegas de cal, con la construcción de hornos respectivos, con las demás menudencias de un campo despoblado donde se carecía de todo auxilio, pues casi fue preciso formar el mismo pueblo al principio de madera y paja, para la habitación de las gentes y colocación de los útiles,
víveres y operarios, para poder seguir la construcción  formal, con sólo la ayuda de los pobladores y la corta y arriesgada de los indios de mera ración, que es bastante conocida su inutilidad e incómoda su existencia por considerarse todos ellos como forzados, sin haber concurrido ingenieros ni maestros mayores que pudieran hacer descansar en el progreso de esta reales obras[16]”.
Tras un lustro de actuaciones, Rafael Pérez recibía encomiables valoraciones de sus superiores. El tribunal de la Real Hacienda manifestaba el 3 de noviembre de 1784: “y en todas (las rendiciones de cuentas) acredita el celo, el honor e inteligencia con que administra los intereses del rey y la vigilancia con que atiende al desempeño de sus deberes”.

         El fiscal de la Junta de la Real Hacienda refería el 25 de noviembre: “...parece que no puede dudarse que ha sido un celoso ministro y un buen servidor del rey, sin embargo del exiguo sueldo de que ha gozado...”. Y la misma Junta de Real Hacienda, en un informe de 4 de diciembre de 1784 expresaba”: ...por donde resulta la pureza, exactitud y el interés con que se ha manejado en el dicho oficio y comisiones que se le han encargado al dicho ministro...[17]
La tenencia de las familias peninsulares bajo su responsabilidad y la formación de la villa de Minas, le proporcionaron  un profundo conocimiento de los problemas y necesidades que iban surgiendo entre las gentes asentadas en la región. De nuevo, la superioridad aumentó las funciones rectoras de Rafael, orientadas a establecer nuevos pobladores que posibilitaran una mayor expansión territorial en la comarca. Del Puerto asumió la tarea tratando de conciliar el bienestar de las personas con las ventajas generales que se obtenían por el aumento de la riqueza, la seguridad y la estabilidad en la zona. Nuestro paisano consideraba que la tierra debía entregarse al individuo de forma gratuita bajo unas consideraciones jurídicas, sin costos de tramitación, y en parcelas de extensión moderada. Su idea central se encaminaba a repartir los terrenos más complicados, dada su lejanía de los núcleos de población, su configuración, o su emplazamiento estratégico en la proximidad de la zona fronteriza. De este modo pretendía resguardar el territorio y contrarrestar la circulación de malhechores y contrabandistas.
La labor de Pérez del Puerto comenzó a modificar la fisonomía del este uruguayo, a medida que los hombres, animados y auxiliados por nuestro protagonista iban instalándose en esta zona, hasta el momento casi desértica.
De su vida familiar, nos consta que hallándose soltero, contrajo matrimonio el 29 de abril de 1787 en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced de Buenos Aires[18]  con Ana Gertrudis Mendinueta, de ilustre estirpe, hija del Capitán Lázaro Bernardo de Mendinueta y de Bartola Gayoso y Aldunate. Los Libros Parroquiales de San Fernando de Maldonado registran el nacimiento de dos hijos: Manuela, nacida el 7 de junio de 1790, y José Marí­a Ambrosio,  que nació el 7 de noviembre de 1793. De sendos retoños fueron padrinos sus tíos, el Comandante de Maldonado y Capitán de Dragones Manuel Gutiérrez Verona y su esposa Ana Mendinueta.

5. La formación de los pueblos de la banda oriental uruguaya.

La franja oriental uruguaya continuaba manifestando los problemas de las décadas antecedentes: Inestabilidad de la frontera pactada en la paz de San Ildefonso, contrabando, mala distribución de la tierra, inseguridad para los residentes, familias peninsulares en depósito esperando una ubicación definitiva, etc. El virrey marqués de Loreto, buscó soluciones iniciando consultas con personas que tenían experiencia en la problemática de la región. Se elaboraron informes proponiendo soluciones de distinta índole, todos consideraban conveniente formar pueblos con las familias peninsulares, pero discrepaban a la hora de su ubicación. Unos creían necesario establecer una serie de poblaciones sobre la misma línea de la frontera nordeste, el otro criterio era establecer poblaciones entre Maldonado y el fuerte de Santa Teresa, a lo largo de los distintos arroyos  que afloraban por la franja oriental.
Nicolás de Arredondo, nuevo virrey, requirió la opinión de Pérez del Puerto en 1791, éste elaboró un informe con fecha 15 de septiembre, en el que desaconsejaba constituir pueblos en la lejana frontera nordeste, pues aunque presentaban la ventaja de tener grandes campos incultos, la formación de los mismos tendría un alto costo por el acarreo de materiales, y habría que trasladar un contingente militar para el resguardo de la población, sumado al desplazamiento de técnicos y operarios. A ello, se le añadiría el traslado de contingente humano en depósito, que haría la operación más dificultosa.
 Nuestro paisano proponía ubicar algunas familias en Maldonado, ya que su población era de corto vecindario, y con los restantes pobladores formar uno o dos pueblos en la semidesértica zona oriental. Estando analizando el asunto personalmente con el virrey, se recibió una real orden que obligaba a las familias pobladoras sin destino definitivo, a que se pusieran a disposición de la Real Compañía Marítima para ser reubicadas en establecimientos que iban a formarse en la costa patagónica.
Tras sopesar la cuestión, el virrey adoptó al pié de la letra el informe y memoria de Pérez del Puerto, decretando el 5 de enero de 1792 la formación de tres pueblos, uno sería el propio Maldonado, y los dos restantes se ubicarían entre Maldonado y el fuerte de Santa Teresa. Para ello, se dotó al ministro de amplias facultades en la dirección y el gobierno de los incipientes establecimientos, dadas sus acreditadas aptitudes en los encargos precedentes.
 Del Puerto emprende una marcha de reconocimiento en 1792, acompañado de un ingeniero y otros expertos a fin de encontrar el emplazamiento idóneo de sendos pueblos. Transitan entre Maldonado y el fuerte de Santa Teresa, sin encontrar un lugar convincente. Practica un segundo reconocimiento atendiendo a las noticias que le llegan, respecto de que en las inmediaciones del arroyo de Rocha existen tierras adecuadas para emplazar un pueblo. Del Puerto considera que el lugar tiene buenas condiciones pero presenta dos inconvenientes: Ausencia de tierras para formar ranchos con los nuevos pobladores, y el estar ocupados los terrenos adyacentes al arroyo de Rocha por algunos individuos que habían formado allí sus estancias, y que deberían ser trasladados a otros lugares.
Reunidos los informes en la Junta Superior de Real Hacienda, se decretó el 31 de julio de 1793 la formación de un pueblo en el pago de Rocha, y la refundación de la villa de San Carlos y de la ciudad de San Fernando de Maldonado, que aunque existían, se consideraron pueblos de nueva creación. A su vez, la Junta encomendaba a Rafael Pérez la dirección de las nuevas obras de restauración que se realizarían en los fuertes de San Miguel y Santa Teresa.

6. La fundación de Rocha.

A finales del año 1793, Pérez del Puerto tenía todo preparado para dirigirse al pago de Rocha y trazar los espacios urbanos. El 22 de noviembre de 1793 emprende el camino, y una vez instalado en el paraje, comenzó a delinear las calles. El amanzanamiento se ejecutó de acuerdo con los dictámenes reales: Cien cuadras cuadradas de 100 varas de lado, subdivididas en solares de 25 varas de frente por 50 de fondo. Inmediatamente se iniciaron las obras formando el cuerpo de guardia, un almacén de herramientas, la capilla provisional y una estancia para el capellán, todas fabricadas con ladrillo.
Casa Fundacional de Rocha
La capilla quedó inaugurada el 23 de noviembre de 1794 bajo invocación de Nuestra Señora de los Remedios, elegida patrona de la villa, probablemente por elección de nuestro paisano.
 El terreno que actualmente ocupa la ciudad de Rocha era pertenencia de José


 
 Texeyra Caballero y con anterioridad a 1790, había sido propiedad de Manuel Balao y Vicente Machado, quienes a requerimiento de Rafael Pérez  permutaron las haciendas por otros campos situados en la Estancia del Rey.
La  población de Rocha se fue conformando lentamente. De las 40 casas proyectadas, tan sólo se habían construido 4 viviendas en 1795, y dos más en 1799. El proceso formativo de Rocha produjo muchos desvelos a Pérez del Puerto, que soportó unas condiciones mucho más complejas que las afrontadas en la villa de Minas. Rocha no fue promovida por la Hacienda Real, sino que las obras y materiales debían contratarse a asentistas. La mano de obra fue escasa, ya que no hubo aportación de operarios indígenas ni de los  patriarcas familiares que debían instalarse en la villa, pues los pobladores todavía estaban por designar. Unido a que Rafael tenía asignados otros cometidos relacionados con las obras en los fuertes de Santa Teresa, San Miguel, Cuartel de Dragones en Maldonado, etc.
Asimismo, tuvo que resolver el desalojo de algunos individuos instalados en aquel pago, aplicando siempre un criterio de compensar a los desalojados, pese a que se le había dado instrucciones de no resarcir a los que careciesen del título de propiedad.
Desde principios de 1799, el marqués de Avilés ocupaba el cargo de virrey de Buenos Aires, y deseaba colocar sin espera a las familias en depósito transitorio. Nuevamente se planteó instalar a las familias peninsulares en la frontera nordeste con Brasil, a instancias del comandante militar Azara, dándoles ocupación en la actividad ganadera. Tal decisión vendría a suponer el abandono de la población de Rocha.
Conocida la reputación y solvencia de Pérez del Puerto, el virrey Avilés le llamó a consultas. En febrero de 1800 Rafael presentó un informe que nuevamente fue decisivo. El virrey instruyó un decreto fechado el 18 de marzo de 1800, que daba continuidad a la formación de Rocha, permaneciendo bajo el auspicio de nuestro protagonista, sin tener que ajustarse a las 40 familias prefijadas.
Pese a que una y otra vez, sus reiteradas diligencias no terminaban de recibir una respuesta firme de las autoridades, el ministro de Real Hacienda no se desalentó y siguió apostando por el desarrollo de Rocha, bien posicionada entre Maldonado y Santa Teresa. Finalmente pudo culminar la formación de la población entre 1800-1801, con la conclusión de 23 viviendas destinadas a familias peninsulares, que serían los vecinos fundadores de Rocha.
Pérez del Puerto expidió un decreto con fecha 30 de diciembre de 1801, señalando  la jurisdicción territorial de la villa, cuyos límites fueron por mar, desde el arroyo Garzón hasta el de Castillos,  y por tierra desde el Alférez hasta el Cebollatí. También designó a su autoridad en la figura de un alcalde de hermandad, recayendo en Miguel Antonio Zalayeta.
A la postre, pudo felizmente consumarse la laboriosa, impecable e inteligente gestión de nuestro eminente aspense, fundador de la próspera ciudad de Rocha, municipio que cuenta con un gran conjunto de recursos naturales y turísticos. En la actualidad, el municipio de Rocha está próximo a los 30.000 habitantes, y es la capital del departamento del mismo nombre. En el año 2003, la ciudad celebró su 210 aniversario con una serie de actos conmemorativos, llevando a cabo un homenaje a su insigne fundador Rafael Pérez del Puerto y un reconocimiento a la historiadora Florencia Fajardo Terán.
    Nuestro paisano no regresaría a su tierra natal, concluyendo los últimos años de su vida en Buenos Aires, falleciendo en torno al año 1834.

  Juan Antonio Martínez Alfonso.
     Gonzalo Martínez Español.




BIBLIOGRAFÍA y NOTAS:

FAJARDO TERÁN, Florencia (1955): Historia de Rocha. Montevideo.
 – (1974) “El proceso colonizador en el río de la plata: Pérez del Puerto y los orígenes de Rocha”.  Revista Anuarios de estudios americanos nº 31. C.S.I.C. Sevilla,  pp. 269–322.
NOTAS



[1]Archivo Municipal de Novelda. Protocolo de José Mazón 1714-1717. Escritura de obligación de Sebastián Alfonso y otros a José Pérez. Aspe, 25 de noviembre de 1717, fol. 2.
[2] A. M. N. Protocolo de José Mazón 1718-1722. Escritura de obligación de José Pastor a José Pérez. Aspe, 8 de noviembre de 1720, fol. 63.
[3] A. M. N. Protocolo de José Mazón 1723–1726. Escritura de obligación de Alfonso Martínez y otros a José Pérez. Aspe, 29 de abril de 1724, fol. 41.
[4][4] A. M. N. Protocolo de López del Baño 1733–35. Escritura de requerimiento y reconocimiento de José Pérez Cañizares al rector don Cebrián Ruiz. Aspe, 21 de febrero de 1733, fol. 5.
[5] A. M. N. Protocolo de López del Baño 1731–32. Escritura de dote de José Pérez, Estacio Alcaraz y Gerónima Pilar a favor de José Pérez y Feliciana Alcaraz. Aspe, 26 de febrero de 1731, fol. 27/v.
[6] Para clarificar las conversiones de moneda, hay que decir que  1 real valenciano equivalía a 1 real y medio castellano, y 10 reales valencianos tenían el valor de 1 libra.
[7] A. M. N. Protocolo de Francisco del Pilar 1726–1731. Escritura de poder de Claudio y Francisco Alberola a favor de José Pérez. Aspe, 6 de julio de 1726, fol. 61.
[8][8] A. M. N. Protocolo de Pedro Montllor 1736–1739. Testamento de José Pérez y Ana Cañizares. Aspe, 28 de diciembre de 1736, fol. 51.
[9] A. M. N. Protocolo de Francisco del Pilar 1708-20. Inventario de los bienes de Miguel Puerto. Aspe 18 de octubre de 1710, fol.  103.
[10] A. M. N. Protocolo de Joseph Mazón 1718-1722. Testamento de Ginés Puerto y Francisca Cerdán. Aspe, 24 de febrero de 1719, fol. 24.
[11] A. M. N.  Protocolo de López del Baño 1731–1732. Obligación del Ayuntamiento al tesorero de la bula de la Santa Cruzada. Aspe, 13 de febrero de 1732, fol. 15.
[12] A. M. N. Protocolo de Francisco del Pilar 1732-40. Testamento de Ginés Puerto y Francisca Cerdán. Aspe, 20 de abril de 1739, fol.  12/v.
[13] A. M. N. Protocolo de Antonio Alzamora 1763. Testamento de José Pérez Cañizares, Aspe 13 de octubre de 1763, fol. 38.
[14] Fajardo Terán, Florencia: El proceso colonizador en el Río de la Plata... p. 278.
[15] Ídem. p. 282–-3.
[16]  Ídem p. 287–8.
[17] Ídem p. 289.
[18] Archivo de la Parroquia-Basílica de Nuestra Señora de la Merced, Archidiócesis de Buenos Aires. Tomo 5E, libro nº 7 de matrimonios, fol. 456.

viernes, 17 de abril de 2020


 EL BARBUDO CELEBRA SAN JAIME

Publicado en la revista de Semana Santa de
                 Crevillente, 2010



Las publicaciones crevillentinas han acogido diversos artículos en torno a la figura de Jaume el Barbut, abordando cuestiones relacionadas con su precipitada ejecución, la persistencia de Jaime en la literatura decimonónica, los descendientes de su parentela, etc.[1] Este artículo trae a colación una vertiente menos conocida del Barbut, la relativa a ciertas vivencias lúdicas acontecidas en julio de 1822, cuando Jaime y su cuadrilla se hallaban momentáneamente refugiados al abrigo de la Sierra de Crevillente.
            El pronunciamiento militar del general Riego en 1820, desencadenó la instauración de un régimen constitucional en España, Jaime Alfonso instó una petición de indulto al gobierno liberal en mayo de 1820, que fue denegada por las autoridades constitucionales en el mes agosto[2]. Este rechazo condujo a que el Barbut y su cuadrilla se adscribieran a la causa absolutista durante el trienio liberal. Sin abandonar los robos y extorsiones que perpetraba a las clases más acomodadas de la comarca, Jaime desarrolló una prolongada campaña de acoso y persecución contra los liberales y sus familias. Al respecto, tenemos la petición de renuncia a su cargo, cursada  por el regidor oriolano Francisco López Campillo en junio de 1822, dirigida al jefe político superior de Murcia. Campillo manifestaba que la partida de José Alfonso, hermano del Barbut, raptó a su hijo primogénito en el mes de febrero, teniéndolo doce días en cautiverio, viéndose precisado a pagar un rescate de 40.000 reales en tres plazos, y teniendo que pedir prestado parte del dinero al no disponer de la suma total. A partir de ese momento, las tres partidas que estaban operando al mando de Jaime Alfonso, habían realizado repetidos intentos para tratar de capturarlo, obligándole a salir precipitadamente de Orihuela junto a su familia en diversas ocasiones, y forzándole a mudar de residencia a otra población. El acoso a que se veía sometido había agravado una enfermedad crónica que estaba padeciendo y le imposibilitaba para cumplir con sus obligaciones de munícipe en el ayuntamiento de Orihuela. Por todo ello, solicitaba que se le relevara de la responsabilidad y obligaciones del oficio de regidor[3].

Ampliamente conocidas son las correrías de Jaime Alfonso en pos de concitar la sublevación de los círculos absolutistas, llevando a efecto incursiones armadas por los pueblos de  Alicante y Murcia, en abierto desafío al gobierno constitucional. En la primavera de 1822 Jaime se mostraba muy activo en tierras murcianas. Había  realizado un intento fallido de tomar Fortuna, y consumó sus irrupciones armadas asaltando el 19 de abril la población de Beniel y el día 23 Jumilla[4], con el consiguiente destrozo de las lápidas constitucionales. El mismo 19 de abril, Javier Abadía, jefe político de Murcia, comunicaba al Cabildo oriolano que enviaba el batallón de Cataluña como refuerzo a esa ciudad para prevenir las tentativas de Jaime,  aunque no por ello, debía descuidar el mantenimiento de la milicia local. En otra misiva fechada al siguiente día, daba cuenta de que el conductor del correo que efectuaba el trayecto de Cieza a Murcia estaba desaparecido, sospechándose que era obra del Barbut, al que se le había visto con una partida de más de 100 hombres de infantería y 40 caballos en la partida de la Raja, entre Jumilla y Abanilla[5].
A comienzos del verano Jaime anduvo a las puertas de Murcia con una fuerza armada cercana a 500 hombres, siendo rechazados por las tropas liberales. Se había convertido en un abierto enemigo del régimen constitucional, cuyas autoridades habían promulgado un edicto fechado en 1821, estipulando una recompensa económica de 30.000 reales por la detención de Jaime, cantidad que descendía a 10.000 reales por la captura de cualquier miembro de la partida que estuviera más de 4 años, y  6.000 reales por los integrados en menor tiempo[6].
            Entremedias de latrocinios y agitadas acciones antiliberales, el Barbut quiso congraciarse con sus paisanos crevillentinos, y con el apoyo de su amplia red de colaboradores, organizó un multitudinario festejo el 24 y 25 de julio de 1822, conmemorando el día de su santo. El convite se celebró en las inmediaciones de la Sierra de Crevillente, en el paraje del Camino del Marchante, a la altura del punto denominado Torretes, situado a ¼ de hora de la población de Crevillente.
Había transcurrido un mes desde la celebración de la onomástica de Jaime, cuando Francisco Más Pérez -alias el Fraile el Perdut-, segundo comandante de la partida de escopeteros afincada en Crevillente, que andaba a la zaga del Barbut y su gavilla, practicó las detenciones de los crevillentinos José Pérez de LLedó, Manuel Roch Pomares, y Joaquín Pérez Juan, acusados de colaborar con Jaime en los festejos de la Sierra. La autoridad militar acantonada en la población, abrió diligencias judiciales contra los detenidos, cuyo expediente se conserva en el archivo municipal ilicitano[7].
            El proceso judicial vino a  prolongarse durante 8 meses, iniciándose el 3 de septiembre de 1822, con la toma de declaraciones a los detenidos. El teniente Pedro Martí -integrante del 1º batallón de Cataluña, ahora instalado en Crevillente-, actuó en calidad de fiscal, acudiendo a las cárceles municipales para interrogar a los imputados.
 Martí tomó declaración  a José Pérez de LLedó, de 39 años, el cual declaró que conocía a los hermanos Jaime y José Alfonso por ser vecinos de la villa, pero que no había tenido trato con ellos. Manifestó que en la vigilia de San Jaime estaba en su casa ensayando con su guitarra, y sobre las 8 de la noche se presentó José Fuentes alias el Bolero, vecino de la población que habitaba en una cueva de la rambla. El Bolero le intimó para que le acompañase con la guitarra hasta su casa-cueva, ordenándole subir por la cuesta de la vereda, encontrándose allí con Jaime Alfonso, Martellet y Manuel López que iban pertrechados con sus armas. Por exigencias del Barbut, José Pérez estuvo acompañando con la guitarra a Fuentes hasta las 11 de la noche, en presencia de una nutrida asistencia, ante la que Jaime Alfonso se arrancó como cantante, entonando unas coplas. Al concluir la velada, el Barbut le ordenó marcharse a casa y que al amanecer del día siguiente volviese al paraje de Torretes, so pena de perder la vida, -según detalló el procesado-. En  el día de San Jaime, José Pérez retornó a dicho paraje permaneciendo hasta el mediodía,  refiriendo que sobre las 10 de la mañana aparecieron en ese lugar 10 componentes de la cuadrilla de Jaime, éstos iban deteniendo a los transeúntes, llegándose a congregar gran afluencia de gentes. Entre las once y las doce de la mañana dio comienzo una concurrida comida, disponiendo el Barbut que el paisanaje se hiciera a un lado para que los bandidos pudieran acceder a las viandas, y a la orden explicita de Jaime: ¡Ladrones, vamos a comer!, se sentaron, repartiendo tiras de pan entre los comensales. Concluida la comida, Jaime dispuso que las gentes convocadas se marchasen, ya que su cuadrilla iba a encaminarse hacia la Sierra, por temor de que vinieran los milicianos, que rondaban por las cercanías de Orihuela.
          
  Joaquín Pérez Juan, barbero de 32 años, atestiguó que tras haber asistido a la misa de las 6 de la mañana, unos amigos le dijeron si quería ir a comer higos chumbos al paraje del tío Marcelo. De vuelta a su casa, transitando por el alto de Torretes en torno a las 7 y ½,  fue interceptado por el Barbudo, que le retuvo hasta las doce, participando en la comida con mucha gente allí convocada. Estaba acusado de colaborar con los facciosos encargados de guisar la comida, a los que les llevó unas cargas de agua.
            Manuel Roch Pomares, esterero de 32 años, manifestó que únicamente conocía a José Lledó, alias Martellet. En ese día salió a buscar una hierba llamada sevillana para curarse un brote de fiebres que estaba padeciendo, y al pasar por Torretes fue detenido por los bandoleros, permaneciendo acostado en tierra hasta la una del mediodía. Se le inculpaba de colaborar con los facinerosos, y de haberles suministrado comida en anteriores ocasiones.
            Tras la toma de declaraciones a los procesados, el teniente instructor requirió al alcalde crevillentino José Pascual, a fin de que informara sobre la conducta que mantenían los detenidos en la población. En ese día, los vecinos Antonio Lledó, Manuel Gomis, Francisco Hurtado y José Candela, con pareceres unánimes, expresaron que los acusados sostenían una conducta sospechosa y de holgazanería, siendo espías de los bandidos, habiéndoseles visto en tratos con ellos, además de ser partícipes en la fiesta celebrada por Jaime en el día de su santo. José Pérez de Lledó había estado dos veces en la cárcel y no tenía oficio conocido. Manuel Roch era cuñado de Martellet, fue tachado de perenne espía de los facciosos y sin trabajo acreditado. A Joaquín Pérez  se le calificaba igualmente de haragán y confidente, formaba parte de la parentela de Jaime Alfonso, siendo primo hermano del Barbudo.
El 11 de septiembre se tomó segunda declaración a los detenidos. A José Pérez se le solicitó detallar a qué hora habían llegado sus compañeros arrestados a Torretes, detalle que no pudo precisar. Si bien, sí se había percatado de que los facinerosos coaccionaron a Joaquín Pérez, a fin de que tomara un burro y fuese a la casa del tío Marchante, con el objeto de transportar dos cargas de agua. José Pérez confirmó que había sido detenido en dos ocasiones, una siendo mozuelo a causa de realizar un transporte de tabaco ilegal, la otra, tras una leva de vagos en Valencia. El segundo imputado, Joaquín Pérez, manifestó haber arribado a Torretes en torno a las 7 y ½,  no advirtió la llegada de Manuel Roch, permaneciendo retenido en dicho lugar. Corroboró que los bandoleros le requirieron para tomar un burro, y le obligaron a realizar un transporte de agua a la casa del tío Marchante, en cuyo  trayecto de ida y vuelta empleó una hora. En su testimonio, declaró que algunos de los sujetos que le acompañaron a comer higos fueron Pascual Berenguer y un individuo apodado el Viejecito. Asimismo, negó que hubiera sido confidente de los bandidos, y que el sustento diario lo obtenía  como barbero afeitando, fabricando algunos pares de alpargatas de esparto, y en labores agrícolas cuando tenía trabajo. El tercer imputado, Manuel Roch, manifestó haber llegado a Torretes en torno a las nueve, habiendo subido a la sierra en horas tardías de verano, por la necesidad que tuvo de recoger unas hierbas para remediar su dolencia. Desmintió que hubiera participado en la multitudinaria comida por hallarse tumbado en el suelo padeciendo una subida de fiebre, negando igualmente que fuera acólito de los bandoleros.
Continuaron los interrogatorios a lo largo de la jornada, el fiscal Martí tomó declaración a Francisco Berenguer conocido por el sobrenombre de Pascual, soldado en la segunda compañía del Regimiento de Infantería de Málaga instalado en la villa. El recluta confirmó que en el día de San Jaime había acudido con varios sujetos a comer higos de pala a la LLoma Marica, tras haber oído misa a las 5 de la mañana. Al retornar, les salieron al paso Jaime Alfonso, Martellet y Jarique, reteniéndolos y ofreciéndoles aguardiente para beber. En su testimonio ratificó la gran afluencia de asistentes: “pues parecía por la mucha gente una fiesta[8], reparando únicamente en la presencia de unas mujeres que guisaban la comida, una llamada Margarita y la otra su hermana, conocidas por el apodo de las Guijarras. Advirtió que sus compañeros detenidos se encontraban presentes en el festejo, desmintiendo que fuera acólito de los bandoleros de la Sierra
            El otro guitarrita implicado, José Fuentes, compareció ante el fiscal militar el 27 de septiembre. Declaró que conocía a los hermanos Jaime y José Alfonso, también a Antonio Penalva por ser vecinos de la villa, pero que no había tenido trato con ellos por permanecer habitualmente fuera de la población. Confirmó que estuvo tocando la guitarra en la velada de la vigilia de San Jaime, apremiado por Jaime Alfonso y Penalva, pues los susodichos acudieron a su casa, obligándole a levantarse y marchar en busca de José Pérez de Lledó, que de igual forma, intimado por las amenazas, acudió con su guitarra a las inmediaciones de la vivienda de Fuentes, en la llamada  Vereda del Pla, donde se encontraban El Barbut y los suyos. En esa noche tocaron la guitarra, Jaime cantó dos coplas en presencia de un grupo de 7 u 8 mujeres acompañadas con criaturas. Concluida la velada, el Barbut les intimó para que al día siguiente tornaran a Torretes, a fin de animar el festejo con sus guitarras. En el día de San Jaime asistieron juntos al mencionado paraje en torno a las 7 de la mañana, pero permanecieron sin tañer los instrumentos, ya que lo estaban ejecutando varios mozos allí congregados. Sobre las once de la mañana, llegaron montados a caballo 5 integrantes más de la cuadrilla, entre ellos José Alfonso, reteniendo a todos los que circulaban por las inmediaciones. En torno a las doce, los bandoleros comieron juntos, y concluido el banquete, repartieron la comida sobrante entre los muchachos. Jaime alentó a los asistentes para que se marcharan, pues podrían venir las partidas que andaban persiguiéndoles. Estando en aquel lugar le sobrevino un ataque de fiebres tercianas, y permaneció echado bajo un algarrobo sin reconocer a nadie, ratificando las declaraciones hechas por Joaquín Pérez y Manuel Roch.
            Las diligencias judiciales prosiguieron. El fiscal ordenó que el alguacil de la villa citara a testificar a Margarita Lledó de Pérez, una de las hermanas Guijarras, consorte de José Pérez de Lledó. En su testimonio, Margarita negó conocer al Barbudo y su banda, pues había residido un prolongado tiempo fuera de la villa con su marido, vendiendo esteras en Valencia. Desmintió haber cocinado junto con su hermana para Jaime, al tiempo que su esposo tocaba la guitarra, pues en ese día permaneció en su casa, alegando que no hubiera podido realizarlo por su cortedad de vista. Confirmó que su marido fue requerido por José Fuentes para que le acompañara a tocar la guitarra a los de la Sierra. Tras tomarle declaración, el fiscal ordenó que se encarcelara a José Fuentes.
María Lledó de Gómez, otra de las Guijarras, compareció ante el fiscal el 28 de septiembre. Era viuda de Antonio Gómez, de 50 años de edad. Expresó que conocía a Jaime antes de dedicarse a robar, y que no había tenido trato con José Alfonso ni con la banda. Rechazó que estuviese guisando la comida para los bandoleros, ya que estuvo vendiendo en la Plaza durante toda la mañana, permaneciendo el resto del día con sus hermanas. Seguidamente compareció Isabel Lledó, soltera de 26 años, la menor de las hermanas Guijarras. Igualmente rechazó haber preparado la comida, negando cualquier contacto con los bandoleros, ausentándose  de su casa únicamente para ir a misa.
Las hermanas Guijarras quedaron exculpadas tras las declaraciones de varias vecinas que vivían contiguas a sus domicilios. Teresa Fernández y María Antonia Gómez testificaron a favor de Isabel LLedó, confirmando que la vieron entre las 10 y las 12 de la mañana, sentada a la puerta de su casa, e incluso María Antonia puntualizó que Isabel le guardó el niño durante un rato. Dos días después, María Antonia Aznar, señaló que María estuvo vendiendo en la plaza hasta la una del mediodía, y posteriormente pasó por su casa parar buscar algo de aceite. Francisca García refrendó que María y Margarita no habían  estado guisando en Torretes, ya que las vio sobre las diez de la mañana en sus domicilios, y nuevamente al mediodía. María Más ratificó haber visto a las tres hermanas en la puerta de su casa a primera hora de la tarde.
A principios de octubre se citó a varios testigos para informar sobre la conducta de José Fuentes. Comparecieron Esteban Serna, guitarrero y Francisco Gómez, e indicaron que José Fuentes mantenía una conducta recta sin tener trato con los facinerosos. De igual modo, Manuel Roch aportó varios testigos para probar su inocencia. Uno de ellos, Joaquín Ramón, vecino de la calle, afirmó que Roch estuvo mucho tiempo en Madrid y Valencia vendiendo esteras, hacía unos seis meses que había regresado a Crevillente, volviéndose de nuevo a marchar. En cuanto a la actitud que mostrada en el municipio era honesta, sin tener contacto con los facinerosos de la Sierra. Argumentos que fueron reiterados por José Maciá, Vicente Pérez y Salvador Alfonso en pro del Bolero.

Tras revisar la información plasmada en el sumario, el fiscal Pedro Martí dictaminó que los reos, dada su condición de civiles, debían trasladarse al juez de primera instancia de Elche, veredicto que fue ratificado el 12 de octubre por Francisco Jaramillo, comandante del cantón militar de Crevillente. La causa judicial y los detenidos fueron transferidos a la audiencia ilicitana.
El juez de primera instancia de Elche designó fiscal del sumario a Antonio Botella. Una vez revisado el expediente, Botella consideró que dicho proceso era competencia del juzgado militar asentado en Crevillente, destinado específicamente a la persecución del Barbudo y sus secuaces, pues al amparo de la ley de excepción promulgada el 26 de abril de 1821, dicho tribunal militar tenía jurisdicción sobre todo tipo de delitos. El juez de 1ª instancia dispuso que el expediente y los acusados volviesen a Crevillente. Ante la inhibición del juzgado ilicitano, el comandante Jaramillo instó un oficio al comandante general del 8º distrito militar concerniente a Valencia, cuyo auditor de guerra, interpretando la ley de 26 de abril, aseveraba que los tribunales militares únicamente juzgaban a los conspiradores que fuesen detenidos o hiciesen resistencia a alguna partida de tropa, y que las restantes incidencias eran competencia de la jurisdicción ordinaria, tal como sucedía en este asunto. Por tanto, el comandante del distrito militar de Valencia remitió los autos al comandante Jaramillo, y éste de nuevo los tramitó al juzgado de 1ª instancia de Elche a finales de diciembre, siendo esta vez aceptados por el juez ilicitano.
El magistrado ilicitano estaba ocupado en diversos asuntos que requerían su atención, lo que demoró la toma de declaraciones a los inculpados. El 18 de febrero de 1823, Ginés Ganga juez y primer alcalde de Elche procedió al interrogatorio de los reos, recluidos en la prisión de la casa palacio ilicitana. El escribano leyó el sumario a los inculpados José Pérez de LLedó, Joaquín Pérez Juan, Manuel Roch Pomares y José Fuentes, que se reiteraron en sus declaraciones antecedentes, a la vez que se exculparon por no haber dado parte a la Justicia, ante el temor y las amenazas recibidas por cuenta de Jaime Alfonso y su cuadrilla.
Los cuatro acusados elevaron una petición al juez solicitando la excarcelación, al considerarse inocentes, pues habían transcurrido siete meses en prisión, y sus familias estaban necesitadas del sustento diario que ellos les proporcionaban como braceros del campo. El juez dictaminó que prosiguieran las indagaciones con los detenidos, nuevamente sometidos a interrogatorio el 26 de febrero. Tras el segundo interrogatorio el promotor fiscal les acusaba abiertamente de ser amigos y espías de los facinerosos de la Sierra, y de haber acudido de modo voluntario al convite del día de San Jaime y a los eventos de su víspera, proponiendo que salvo José Fuentes, los restantes reos fueran condenados a 4 años de confinamiento en el distrito de la provincia de Xátiva, de donde no podrían salir sin incurrir en la pena de prisión en un castillo o fortaleza por idéntico tiempo. El fiscal Ripoll consideraba que José Fuentes no era asiduo colaborador del Barbudo, y que con la prisión sufrida había redimido suficiente castigo, recomendando ponerle en libertad.
El juez instructor decidió que los acusados continuaran en prisión, y el 13 de marzo traspasó la instrucción judicial a Jaime Más, alcalde y juez crevillentino, a fin de que los testigos que habían declarado en los autos, confirmasen las aserciones realizadas. La totalidad de testigos se ratificaron en sus afirmaciones, salvo los que se encontraban ausentes de la villa. Nuevamente, los detenidos revalidaron sus declaraciones precedentes, quitando validez a los testigos que se pronunciaron en su contra, afirmando que sus acusaciones eran genéricas sin ninguna autentificación, cargadas de malicia y faltando a la verdad. Joaquín Pérez precisó que los testigos de oficio que depusieron en su contra, formaban parte de la partida de Josef Quesada, atareada en perseguir a Jaime Alfonso. Además, esgrimía a su favor, -quizá con algo de exageración- que sólo fueron detenidos los cuatro procesados cuando a la fiesta de Jaime había asistido una multitud:
«…se me acrimina de haber concurrido al convite o festín que dio Jaime Alfonso en el punto de Torretes, según noticias se puede decir concurrió la tercera parte del pueblo de Crevillente, y no se citan a otros más que a mí y a los que resultan procesados en los presentes autos, siendo así que algunos otros concurrían por ser vecinos de dicho pueblo de Crevillente…»
Loa inculpados pidieron presentar nuevos testigos que testimoniasen a su favor. Margarita Lledó, esposa de José Pérez, facilitó varios testigos de probanza, que testificaron el 3 de abril de 1823 ante el juez de Elche. Los declarantes Antonio Cerdá, Tomás Serna, Antonio Ramón de García expresaron que José Pérez no había tenido relación con Jaime Alfonso, manifestando que era hombre de bien, de recta conducta en la villa y respetuoso con las autoridades. Al día siguiente, Isabel Ana Pomares, madre de Manuel Roch, aportó como testigos a Francisco Más de Soriano, Salvador Alfonso de Pastor, Antonio Cerdá de Soler que afirmaron tenía un comportamiento honrado, y creían que no tenía trato con el Barbudo. Francisco Torres por encargo de Joaquín Pérez Juan proporcionó como declarantes a Antonio Cerdá de Soler, Joaquín Juan Martínez, Josef Manchón de Manchón, que se pronunciaron en el mismo sentido.
            Finalmente, el juez ilicitano, Francisco Pascual Andrés, dictó sentencia definitiva el 21 de abril de 1823. El veredicto fue de absolución para los 4 detenidos, no sin antes recriminar a los inculpados, haciéndoles hincapié en que habían recibido un justo castigo tras 9 meses de confinamiento carcelario, que les tendría que servir de apercibimiento para no recaer en nuevas complicidades con el Barbudo, debiendo de abonar las costas del juicio una vez tasadas. Los detenidos fueron excarcelados el mismo día del pronunciamiento de la sentencia, cuando el advenimiento del absolutismo fernandino era inminente, ya que el duque de Angulema había cruzado los Pirineos el 7 de abril, al mando de los Cien mil hijos de San Luis con el fin de restituir a Fernando VII en el trono.
No cabe duda, que los procesados formaban parte del colectivo que daba sustento a Jaime, y que sus argumentos justificativos de hallarse fortuitamente presentes en la fiesta del Barbut, resultaban poco convincentes. No obstante,  las declaraciones exculpatorias de un amplio número de testigos –en su gran mayoría simpatizantes o encubridores de los bandoleros-, inclinaron el veredicto del juez hacia una sentencia absolutoria.
Por otro lado, Jaime y su cuadrilla continuaron con sus incursiones bélicas por los pueblos. En la tarde-noche del 19 de agosto de 1822, los hermanos Alfonso perpetraron su entrada en los poblaciones de Novelda y Aspe. La cuadrilla que asaltó Aspe iba comandada por José Alfonso, que siguiendo su acostumbrado procedimiento,  abatieron la lápida constitucional colocada en la fachada del Ayuntamiento, aclamaron al rey absoluto y la religión, y dieron libertad a los presos retenidos en la cárceles[9]. El 12 de octubre, Jaime asaltó la cárcel de Albatera liberando a los reclusos retenidos. Las acciones del Barbudo comenzaron a remitir a finales de año, y buscando obtener la amnistía promulgada por la Cortes el 18 de febrero de 1823, se entregó a las autoridades constitucionales de Jumilla el 15 de marzo de 1823.
A modo de conclusión, podemos resaltar algunas cuestiones significativas contenidas en la causa judicial. El sumario nos permite reproducir algunas vivencias cotidianas de Jaime y su banda en la Sierra, faceta que resulta poco corriente en la documentación. Asimismo, los festejos del día de San Jaime, nos dejan entrever algunos rasgos del mítico bandolero, su temple de líder carismático, capaz de convocar  a un enorme grupo de convecinos en las inmediaciones de la sierra crevillentina, -pese al riesgo de ser detenidos-, a la que vez que Jaime hace gala de un carácter cordial y cercano a la comunidad social que le apoya, cantándole unas coplas y compartiendo la comida. También, encontramos un considerable número de vecinos de Crevillente enumerados en el proceso judicial, así como, varios componentes de la gavilla de Jaime: José Alfonso, Martellet, Jarique, Manuel López, Antonio Penalva, etc., detalle que nos permite contrastarlos con los relatos literarios. Y de manera especial, el sumario refrenda el enorme apoyo social que el Barbut recibía de sus paisanos crevillentinos, cuya extensa red de espías y colaboradores estaba extendida a varios pueblos de la comarca. Este soporte de cómplices y confidentes resultaba indispensable para la supervivencia de Jaime y su cuadrilla en la Sierra,  le permitía anticiparse a sus perseguidores y le volvía enormemente escurridizo y prácticamente invulnerable. A la par, le suministraban cobertura logística de víveres y municiones, como constata el expediente al referir una causa abierta contra el facineroso Fava: por haber obligado a dos hombres a llevar municiones a los de la Sierra en el Viernes Santo”.
 La frustración y desesperanza que sentían las autoridades constitucionales ante la imposibilidad de capturar a Jaume el de la Serra, aparece reflejada en las palabras del fiscal ilicitano:
Que los reos contra quienes se procede en dicha causa, son de la clase de criminales de que por desgracia tanto abundan [en] los pueblos de este reino, y los mismos que con sus noticias y espionaje, frustran y eluden la vigilancia y celo del gobierno en la destrucción o captura del ladrón y faccioso Jayme Alfonso y sus socios…[10]

           
                                                                 Gonzalo Martínez Español.



[1]  Entre los diversos artículos podemos consultar en la Revista de Semana Santa: .- 1987  MAS GALVAÑ, Cayetano: «Un documento inédito acerca de la muerte de Jaime el Barbudo»,  pp. 119-125. -2001  ALFONSO EGEA, Enrique: «El bandolerismo: la figura de Jaime el Barbudo», pp. 143-148. En la Revista de Moros y Cristianos: 1974  SEMPERE CONGOST, José: «Jaime Alfonso el Barbudo personaje novelesco», s/p.- 1984 CANDELA  BELÉN, Juan: «Crónica Crevillentina: Descendientes de la familia de Jaime Alfonso» s/p.- 1989  GÓMEZ NIETO, Daniel: Jaime Alfonso, «El barbudo, boceto para un estudio», s/p.- 1993   PELÁEZ MARTÍN, Andrés: «Jaime el Barbudo: Algunas reseñas literarias», pp. 158-159.
[2]  ESCUDERO GUTIÉRREZ, Antonio: «Jaime el Barbudo: Un ejemplo de bandolero social». Estudis d¨Història Contempòrania del País Valencià. Universitat de València, 1982, pp.76-77.
[3] Archivo Municipal de Orihuela. Legajo 2135,  doc.  nº 248. Petición de Francisco López Campillo al jefe político de Murcia, solicitando le releve del cargo de regidor oriolano. Murcia, 13 de junio de 1822.
[4] SÁEZ CALVO, José: Jayme Alfonso el Barbudo, Murcia, 2007. p 134.
[5] AHMO. Legajo 2135 doc. 1 y 2. Cartas de Javier Abadía al Cabildo de Orihuela. Murcia 21-22 de abril de 1822.
[6] Archivo Histórico Municipal de Elche. Legajo H–105, doc. nº 29. Gobierno Político Superior de Valencia. Su majestad concede a Juan Navarro, de la milicia de Novelda 10.000 reales, por haber dado muerte al famoso bandido Marrana, de la partida de Jaime Alfonso. Valencia ,7 de agosto de 1821.
[7] A.H.M.E. Legajo E-31. Proceso judicial a varios vecinos de Crevillente por colaboración con Jaime el Barbudo. Septiembre de 1822-Abril 1823.
[8] AH.ME. Ídem.
[9] AHMO. Legajo 149, doc. nº 232. Informe de la Justicia de Aspe sobre la conducta de  José Más, vecino de Crevillente. Aspe, 18 de mayo de 1824.
[10] AHME. Legajo E-31 s/f.

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